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A La Rioja no la están “ajustando”: la están desfinanciando de manera deliberada y sistemática, con un mecanismo tan burdo como eficaz. La Nación se queda con recursos que no le pertenecen y convierte a una provincia entera en variable de ajuste para sostener un experimento ideológico que desprecia el federalismo.
Pero no se dejen engañar: esto responde al interés por los recursos naturales de la provincia, cuya explotación permitiría incluso afrontar el pago de dos deudas externas del país. La familia Menem viene debilitando a la provincia desde hace años, pero con el gobierno de Milei adquirió el poder que antes le faltaba para utilizar al Estado como herramienta y avanzar con todo su aparato. Desinformación, operaciones digitales, trolls, espionaje de la side, poder judicial de su lado para armado de carpetas, medios pagos, IA y fabricación sistemática de noticias falsas forman parte de esa estrategia.
Y con eso dicho quieren a QUINTELA, EL ÚLTIMO GOBERNADOR QUE MILEI QUIERE SOMETER. El gobierno nacional, con Martín Menem a la cabeza, quiere someter a La Rioja y mostrar al gobernador Ricardo Quintela vencido. Creen que si pasa eso, todos los gobernadores se rendirán. ¿Por qué? Porque los gobernadores que ya se han rendido a Milei no han recibido nada de lo prometido y comienzan a ver al gobernador riojano como la persona que tenía razón de lo que iba a pasar.
Martín Menem quiere que el próximo gobernador de La Rioja en 2027 sea libertario, pero él no será candidato; eso ya lo confirmó a su grupo íntimo.
El problema no es técnico ni contable. Es político. Y profundamente estructural. Desde la sanción de la ley de coparticipación, La Rioja recibe una porción de sus recursos por dos vías complementarias: el reparto automático y una asignación específica prevista en el presupuesto nacional. Ese esquema fue respetado por gobiernos de todos los signos. Hasta ahora. El actual Ejecutivo decidió interrumpir unilateralmente ese flujo y retener fondos que ya estaban asignados por ley. No es una interpretación audaz del derecho: es un incumplimiento liso y llano.
La metáfora es clara: el Estado nacional actúa como un administrador que, para “ordenar” su casa, deja de pagar el alquiler y la comida de sus hijos. El equilibrio fiscal se construye saqueando al interior. Así, el ajuste deja de ser una política macroeconómica y se convierte en un castigo territorial. La Rioja pierde cerca de la mitad de sus recursos habituales, lo que impacta de forma directa en hospitales, escuelas, salarios públicos, seguridad y programas sociales. No es dinero abstracto: es la vida cotidiana de una provincia.
Este no es un conflicto aislado. Forma parte de una lógica más amplia que redefine el federalismo como una concesión graciosa del poder central y no como un principio constitucional. La misma Corte Suprema que actuó con celeridad para destrabar conflictos similares con distritos políticamente influyentes demora una solución para más de una decena de provincias. La igualdad ante la ley, en este esquema, parece depender del peso político y mediático de cada territorio.
En este escenario, resulta particularmente grave el rol de dirigentes provinciales que, por cálculo personal o alineamiento ideológico, niegan la existencia del problema. No se trata de una discusión partidaria: es una cuestión de lealtad básica con la comunidad que representan. Cuando un dirigente justifica la retención de recursos que sostienen el funcionamiento del Estado provincial, no está defendiendo la austeridad: está avalando el despojo.
Desde una mirada peronista —pero también desde cualquier concepción seria del Estado— el federalismo no es un obstáculo al desarrollo, sino su condición. Un país que concentra recursos y poder en el centro y empobrece a las provincias no se moderniza: se fragmenta. La Argentina no es una empresa con sucursales deficitarias; es una comunidad política que solo puede sostenerse si sus partes crecen de manera integrada.
La discusión de fondo es qué modelo de país se está construyendo. Uno donde las provincias mendigan lo que les corresponde, o uno donde la ley se cumple y el desarrollo es compartido. Si naturalizamos que la Nación se quede con recursos ajenos para “cerrar números”, mañana cualquier derecho podrá ser suspendido en nombre de la contabilidad.
La Rioja hoy es el síntoma. Mañana puede ser cualquier otra provincia. La defensa de estos recursos no es un reclamo localista: es una defensa del federalismo real. Y también una advertencia. Porque cuando el Estado deja de cumplir la ley, lo que se rompe no es solo un presupuesto: se quiebra el contrato social que mantiene unido al país.
Por Nicolas Schamne
atom.bio/schamnenicolas
