La Justicia porteña revocó el fallo de la jueza De Marinis que suspendía la Ley Penal juvenil y apartaron a la magistrada

La Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura de Marinis, que había declarado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años en el caso de un menor implicado en un intento de robo de un teléfono celular, dictando su sobreseimiento.

La Justicia porteña revocó el fallo de la jueza De Marinis que suspendía la Ley Penal juvenil y apartaron a la magistrada

La decisión fue adoptada por unanimidad por los camaristas Jorge Franza, Ignacio Mahiques y Patricia Larroca, quienes ratificaron la constitucionalidad de la ley y ordenaron que el menor continúe bajo investigación. Además, apartaron a la jueza De Marinis de la causa, argumentando que ya había manifestado “un adelanto de posición y criterio”. Se designará próximamente un nuevo magistrado para intervenir en el expediente.

En su fallo, al que tuvo acceso Clarín, los jueces señalaron: «Pueden hacerse críticas fundadas a la reducción de la edad, al máximo de la pena, a la amplitud de ciertos supuestos o a los residuos tutelares del régimen, que son importantes para el debate público y para una eventual reforma; pero mientras no revelen una contradicción constitucional concreta, no autorizan a reemplazar judicialmente la opción legislativa por la que el tribunal considere preferible». Asimismo, advirtieron sobre “un manifiesto exceso jurisdiccional contrario a las reglas del debido proceso legal».

La jueza De Marinis había sobreseído a un adolescente de 14 años que, el 10 de septiembre pasado, intentó junto a otros menores robar un celular a un hombre en Palermo. En ese fallo, que ahora fue revocado, declaró inconstitucional el artículo 1 de la nueva ley de menores, que reduce a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede ser penalmente responsable. Esta norma, vigente desde el 5 de septiembre, establece además una escala de sanciones en la que la detención es la última instancia y se aplica solo a delitos especialmente graves y violentos.

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