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Micaela Ponzi en brownnews
El Gobierno de La Rioja solicitó ante la Justicia Federal ser querellante en la causa por el presunto desvío de más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado hacia instrumentos financieros en lugar de obras.
La denuncia judicial
El gobernador Ricardo Quintela formalizó la presentación ante los tribunales federales con el patrocinio del abogado Jorge Yoma. La acción judicial busca determinar las responsabilidades penales de funcionarios nacionales en el manejo del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), un esquema cuyos recursos poseen afectación específica para la infraestructura de caminos.
Según los documentos ingresados en la causa, la administración provincial calcula que durante los primeros dos años y medio de gestión del Poder Ejecutivo Nacional se asignaron al sistema aproximadamente 1,5 billones de pesos. Sin embargo, la presentación señala que sólo 394.406 millones de pesos terminaron aplicados de forma efectiva al mantenimiento y construcción de carreteras, lo que representa una subejecución presupuestaria cercana al 73,8%.
El escrito presentado sostiene que, al 31 de mayo, existían $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y Letras emitidas por el Tesoro Nacional. La parte querellante argumenta que estos fondos tributarios no son de libre disponibilidad fiscal y que su utilización en activos de renta constituye un desvío de los fines establecidos por norma.
El encuadre legal y los acusados
El pedido de la provincia apunta contra la cadena de mandos del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades a cargo de la gestión de Vialidad Nacional y del Banco Nación en su rol de fiduciario.
Entre las figuras penales sugeridas para la investigación figuran:
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Defraudación en perjuicio de la Administración Pública
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Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público
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Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
La iniciativa de la provincia se suma a actuaciones previas iniciadas en la sede judicial federal. El expediente tomó mayor dinamismo a partir de declaraciones públicas de funcionarios de la administración central que hicieron referencia al uso de partidas fiduciarias como respaldo del equilibrio fiscal.
Deterioro del trazado y obras paralizadas
El planteo técnico de La Rioja no se limita a la fiscalización financiera del fideicomiso, sino que expone el impacto físico directo sobre la red de caminos nacionales. De acuerdo con el informe adjuntado a la causa, la retención de los recursos financieros conllevó la paralización total o parcial de proyectos clave.
Entre las infraestructuras afectadas se menciona el Corredor Bioceánico que conecta la provincia con Chile a través del paso de Pircas Negras, una vía considerada prioritaria para el comercio regional de la franja centro-oeste del país. Asimismo, la presentación documenta fallas de mantenimiento en las rutas nacionales 78, 79 y 141, detallando deformaciones de la calzada y grietas que afectan las condiciones operativas de transitabilidad.
Impacto productivo y seguridad vial
La controversia en torno a la ejecución de las partidas viales reabre el debate sobre la sustentabilidad de la infraestructura pública y su articulación con la producción. El mantenimiento de los corredores terrestres constituye una variable crítica para la logística de mercancías, el transporte interprovincial de pasajeros y el desarrollo del comercio internacional.
El deterioro acelerado de los asfaltos incrementa los costos operativos del transporte y multiplica los riesgos operacionales en el tránsito de cargas pesadas. En el contexto global, la calidad de las conexiones terrestres influye de manera directa sobre la competitividad exportadora de las regiones mediterráneas. Mientras la Justicia Federal analiza el pedido riojano para asumir el rol de querellante, la evolución de los fondos viales se mantiene bajo el escrutinio de los sectores técnicos e institucionales.
