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Noberto Daniel Palacios en BrownNews
El juzgado federal 9 investiga por administración fraudulenta al viceministro de Economía, José Luis Daza, y a las autoridades del FGS y Hacienda, tras el default del Grupo Albanesi que afectó los activos del sistema previsional.
La judicialización del manejo de los recursos previsionales sumó un capítulo de alto impacto en los tribunales de Comodoro Py. Una presentación penal formalizada ante el Juzgado Federal N° 9 abre una investigación sobre la conducta de los funcionarios encargados de tutelar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses frente al colapso financiero de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA), el brazo ejecutor y principal compañía del Grupo Albanesi.
La causa, caratulada bajo el expediente CFP 4246/2026 a partir de la denuncia presentada por Virginia Marta Cassola, apunta de manera directa contra el titular del FGS, Fernando Omar Bearzi; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La presentación postula la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta.
El eje de la pesquisa busca determinar la eventual responsabilidad penal y patrimonial del entramado de funcionarios que aprobó decisiones de reestructuración flexibilizadas y mantuvo la tenencia de títulos privados mientras la empresa acumulaba indicadores de insolvencia, postergaba vencimientos y avanzaba hacia la cesación de pagos.
Las señales de alerta y la permanencia en el riesgo
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no operaba como un acreedor marginal ni de carácter minoritario dentro de la estructura de financiamiento del Grupo Albanesi. Por el contrario, se erigía como uno de los principales tenedores institucionales de las Obligaciones Negociables (ON) emitidas por Generación Mediterránea. La permanencia del Estado dentro de la nómina de acreedores durante el deterioro paulatino de los estados contables de la firma energética constituye el primer interrogante técnico que enfrenta la justicia penal.
Los registros financieros de la compañía comenzaron a exhibir tensiones severas durante el primer cuatrimestre de 2025. El 29 de abril de ese año, la empresa informó de manera oficial la imposibilidad de afrontar el pago de los intereses correspondientes a sus títulos internacionales con vencimiento proyectado para 2031. Tras la expiración de los plazos de gracia formales, el 6 de mayo se consumó la declaración de incumplimiento.
Para el 31 de julio de 2025, la agencia de calificación de riesgo FIX rebajó la nota crediticia de GEMSA a la categoría de default. A pesar de la degradación formal de la solvencia de la emisora, la administración del FGS mantuvo su posición en los activos sin aplicar mecanismos de desinversión ni ejecutar salvaguardas patrimoniales preventivas durante un lapso de siete meses.
LÍNEA DE TIEMPO: EL DETERIORO FINANCIERO DE GEMSA
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├── Febrero 2025: Colocación de ON por $6.000 millones (Tasa TAMAR + 5%).
├── Abril 2025: Primeros incumplimientos y no pago de intereses (Bonos 2031).
├── Mayo 2025: Formalización del incumplimiento de pago.
├── Julio 2025: Agencia FIX rebaja la calificación de GEMSA a default.
└── Principios de 2026: Consentimiento de la Anses para flexibilizar cláusulas de emisión.
Modificaciones contractuales y discrepancias técnicas
El proceso de reestructuración de la deuda del Grupo Albanesi requirió la modificación de las condiciones originales de los bonos para consolidar un esquema de diferimiento de pagos. Para lograr dicha alteración contractual, la compañía solicitó la conformidad expresa del FGS en su calidad de tenedor mayoritario. La Anses otorgó el consentimiento requerido, avalando cambios en las cláusulas que regulaban las situaciones de incumplimiento grave, tales como:
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Procesos de concurso preventivo y quiebras.
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Acuerdos preventivos extrajudiciales (APE).
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Liquidaciones corporativas.
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Iniciación de acciones judiciales de ejecución colectiva o individual por parte de terceros.
Las áreas técnicas operativas del FGS fundamentaron la aceptación de los nuevos términos bajo el argumento de garantizar la continuidad operativa de las centrales eléctricas administradas por el grupo. Según la postura oficial del organismo, la modificación de los convenios no alteraba los términos financieros sustanciales ni modificaba negativamente los flujos futuros de los instrumentos.
Sin embargo, la ratificación de ese criterio técnico generó un estricto debate interno dentro de las estructuras contables de la Anses y en las oficinas del Palacio de Hacienda. Sectores de análisis de riesgo señalaron la inconsistencia de aceptar diferimientos y quitas indirectas sin exigir garantías reales adicionales en un contexto de caída libre de las valoraciones de mercado.
El balance de la deuda y el perfil de liquidez
La magnitud del pasivo acumulado por el Grupo Albanesi explica el impacto sistémico de su cesación de pagos sobre el mercado de capitales local. Al cierre del ejercicio 2025, Generación Mediterránea registraba una deuda financiera consolidada de USD 1.510 millones. En contraste con ese nivel de apalancamiento, los estados financieros reflejaban disponibilidades brutas por apenas USD 20 millones distribuidos entre caja, bancos e inversiones corrientes de liquidación inmediata.
| Indicador Financiero (GEMSA) | Valor Registrado (Cierre 2025) |
| Deuda Financiera Consolidada | USD 1.510 millones |
| Caja e Inversiones Corrientes | USD 20 millones |
| Concentración en Obligaciones Negociables | 93% del pasivo total |
| Monto involucrado en Reestructuración | ~USD 1.500 millones |
La estructura del pasivo mostraba una concentración del 93% en el instrumento de Obligaciones Negociables, lo que obligó a negociar la totalidad de los USD 1.500 millones con inversores privados e institucionales.
La génesis del sobreendeudamiento se remonta al período comprendido entre 2019 y 2024, etapa en la cual la empresa ejecutó un plan de expansión de su capacidad instalada de generación térmica. La financiación de dichas obras de infraestructura se articuló mediante la emisión sistemática de títulos de deuda nominados tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses, bajo jurisdicción local y tribunales de Nueva York.
Incluso en febrero de 2025, con la liquidez operativa severamente restringida, la firma logró colocar una serie de ON por más de $6.000 millones a un plazo de doce meses con rendimiento atado a la tasa TAMAR más un margen del 5%. Sesenta días después de dicha emisión, los pagos fueron suspendidos de manera unilateral.
La asimetría entre acreedores y el impacto contable
La propuesta final de reestructuración presentada por la conducción del Grupo Albanesi introdujo un tratamiento diferenciado entre los distintos tipos de bonistas. Esta segmentación perjudicó la posición relativa de los instrumentos no garantizados, dentro de los cuales se encontraban diversas emisiones suscritas por el organismo previsional público.
ESTRUCTURA DE LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
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├── Acreedores Garantizados:
│ ├── Cupones de interés preferenciales.
│ └── Cronogramas de amortización acelerados.
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└── Acreedores No Garantizados (Incluye tenencias del FGS):
├── Extensión de plazos de vencimiento hasta el año 2036.
├── Reducción de tasas de interés hasta el 2,25% anual.
└── Esquema de devolución de capital con concentración al vencimiento (bullet).
Esta brecha en las condiciones de canje implicó que los tenedores de papeles sin respaldo colateral específico absorbieran la mayor parte del costo financiero de la reprogramación. Aceptaron una extensión en la maduración de los créditos superior a la década y rendimientos reales negativos frente a las tasas promedio del mercado internacional.
Multiplicación de reclamos y déficit de transparencia
El deterioro de la situación patrimonial de Generación Mediterránea y Central Térmica Roca derivó en una escalada de litigios en el fuero Comercial. Entre el último trimestre de 2025 y el comienzo de 2026, acreedores privados promovieron demandas ejecutivas para procurar el cobro de acreencias impagas. La proliferación de expedientes judiciales expuso la fragilidad de los compromisos asumidos por el grupo empresarial y dejó damnificados a cientos de inversores minoristas e institucionales.
A este escenario se suma el grado de opacidad que rodea la administración actual del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La dimensión precisa de la pérdida patrimonial sufrida por el FGS no ha podido ser auditada de manera independiente debido al atraso persistente en la publicación de los estados contables trimestrales y sus dictámenes complementarios.
La presentación radicada en el juzgado de Comodoro Py exige la ejecución de peritajes contables para verificar:
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El monto nominal y de mercado de las acreencias en poder del FGS al momento de declararse el default.
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El valor residual de los nuevos instrumentos recibidos tras la aprobación de la reestructuración.
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El cálculo del daño patrimonial neto infligido a la caja de resguardo del sistema previsional argentino.
La resolución de la causa CFP 4246/2026 determinará si las decisiones adoptadas por la conducción económica del país y la administración de la Anses se encuadraron dentro del margen de discrecionalidad técnica permitido para la gestión de activos financieros, o si configuraron una omisión punible en la tutela de los recursos públicos destinados al financiamiento de la seguridad social.
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